La esencia de la dictadura fue la represión: más de 3 000 personas murieron o desaparecieron, la mayoría durante los dos primeros años del régimen, y cientos de miles partieron al exilio. En Santiago y en provincias hubo diversos centros de detención y de tortura. Inmediatamente después del golpe, una treintena de ministros y otros funcionarios importantes de la UP fueron llevados a la isla Dawson, en el extremo sur del país, donde vivieron varios meses, sometidos a maltratos, sin que se especificaran cargos en su contra. Después, varios fueron enviados al exilio. Sin embargo, allí tampoco estuvieron a salvo, ya que algunos de ellos fueron asesinados, como Orlando Letelier, ex ministro de la UP (muerto en Washington en 1976) y el general Carlos Prats, uno de los pocos militares que había colaborado con Allende (en Buenos Aires, en 1974).
Los partidos políticos fueron prohibidos (los de la izquierda) o declarados en receso (los de la derecha y la DC); el parlamento se cerró. Los jueces, en teoría, seguían constituyendo un poder autónomo, pero en la práctica, se limitaban a corroborar lo que el gobierno decidía, sin cuestionar los abusos contra los derechos humanos. Los sindicatos no fueron prohibidos, pero llevaron una existencia muy limitada.
Por ello, en política económica, la dictadura tendió a privatizar las empresas que habían pertenecido al Estado, y abrió también muchos servicios a la empresa privada, como la salud, los seguros y la educación; en este último campo surgieron muchas universidades privadas. Se terminó con la política de fijación de precios de los artículos de comsumo básico, dejándolos fluctuar libremente. Las tierras que habían sido expropiadas durante la reforma agraria no siempre fueron devueltos a sus antiguos propietarios, sino que fueron en parte rematadas, creándose un núcleo de nuevos empresarios agrícolas.Además, buscó el equilibrio fiscal, disminuyendo el gasto público. Se abrió la puerta a la inversión extranjera, aunque ella no llegó en grandes proporciones. Chile se retiró del Pacto andino, para tener mayor libertad de acción, y rebajó las tarifas aduaneras para practicar una política más liberal en su comercio exterior. Todas estas medidas eran un cambio importante en relación a los últimos 40 años, durante los cuales el Estado había jugado un papel tan importante como la empresa privada.
Hasta 1981, la dictadura casi no tuvo opositores, y pareció tener éxito con su política económica. Pero en 1982 estalló una severa crisis, que persistió hasta 1985, y que llevó la tasa de cesantía a más del 20%. Esa situación dio ánimo a los opositores, que organizaron manifestaciones masivas contra la dictadura, que se hacían todos los meses, de marzo a noviembre. Pinochet hizo algunas concesiones, permitiendo el regreso de varios exiliados y la aparición de algunas revistas de oposición. Comenzó el largo y difícil camino hacia la “transición hacia la democracia”. Este proceso fue apoyado por la mayor parte de la iglesia católica, cuyo principal dirigente, el cardenal Raúl SilvaHenríquez, criticó abiertamente los excesos del régimen. Desde los años 1980, hubo también presiones de Estados Unidos en favor de un cambio de gobierno, ya que Washington cambió su política hacia las dictaduras.
La transición chilena fue compleja y costosa en vidas humanas. Durante los cinco años de protestas (de 1982 a 1986) los opositores debieron enfrentar una represión que provocó un centenar de muertos y muchos heridos. Entre 1985 y 1986 se pensó que la dictadura podía caer, y uno de los partidos opositores, el PC, organizó un grupo armado que intentó matar a Pinochet. Tras el fracaso del atentado, el grueso de la oposición, dirigida por demócrata cristianos, socialistas y radicales, se concentró en una salida a través de medios institucionales, lo que se obtuvo a través del plebiscito de octubre de 1988. Esta consulta fue una derrota para Pinochet, quien perdió el derecho de continuar en el poder y abrió el camino a las elecciones de diciembre de 1989, donde el demócrata cristiano Patricio Aylwin fue elegido presidente. Pero los militares se retiraron habiendo impuesto una serie de leyes que jugarían en su favor e impedirían un cabal regreso a la democracia.
De 1990 hasta hoy
En marzo de 1990 el general Pinochet, de acuerdo a los resultados de la elección realizada tres meses antes, entregó el mando supremo del país a Patricio Aylwin, el candidato vencedor, que representaba a la Concertación, la coalición de partidos que se había opuesto a la dictadura militar en sus últimos años. Esa alianza estaba compuesta por el PS y la DC, los antiguos rivales durante la UP, y también por un nuevo partido, el PPD (Partido por la democracia), los radicales y los socialdemócratas. El PC, el antiguo aliado de los socialistas, quedó aislado y obtiene bajos porcentajes en las elecciones.. Esta alianza ha tenido éxito, al ganar todas las elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias, desde 1989 hasta hoy. Después del gobierno de Aylwin (de 1990 a 1994), el poder pasó a manos del demócratacristiano Eduardo Frei (hijo del anterior), quien gobernó desde 1994 a 2000, y últimamente, al socialista Ricardo Lagos, vencedor en la última elección, cuyo mandato llega hasta marzo del 2006.
La “Concertación” ha tenido éxitos en el plano económico, ya que durante la década de 1990 el PNB del país creció a un promedio de 6% anual, el mejor resultado de un país latinoamericano, y uno de los más sobresalientes del mundo. La estrategia ha sido muy semejante a la heredada de la dictadura, ya que las exportaciones siguen siendo el motor de la economía. Chile ha pasado a participar en varios mercados regionales: es miembro asociado del Mercosur, participa en las reuniones de la APEC (Asociación de Asia-Pacífico), apoya con entusiasmo el proyecto de ALCA (integración de las Américas), ha firmado tratados de libre cambio con Canadá y desde mayo de 2002, con la Unión europea. La empresa privada, tanto nacional como extranjera, continúan dirigiendo las principales actividades. Su esfera se ha ampliado, ya que la Concertación ha seguido privatizando servicios, como el agua potable y la construcción de carreteras. Han llegado muchos capitales extranjeros, de EE.UU., Canadá y España, sobre todo a las minas y a los servicios. La cesantía alcanzó un nadir de 5,5%, en 1997. Sin embargo, pese a esta prosperidad, que ha hecho aumentar el ingreso anual de los chilenos, que pasó de 2,000 dólares p.c. a 5,000, el crecimiento ha disminuído bastante desde 2001, la cesantía ha aumentado, alcanzando cerca del 10% en los dos últimos años, y se mantienen graves desigualdades en la distribución del ingreso.
El nuevo régimen ha significado también el restablecimiento de las libertades fundamentales (prensa, reunión, etc.). Sin embargo, la democratización es incompleta. Sigue vigente la Constitución de 1980, aprobada en condiciones inaceptables, y continúan las instituciones impuestas por Pinochet antes de entregar el mando a los civiles: los senadores designados (entre ellos, cuatro militares), los senadores vitalicios (Pinochet es uno de ellos) y un sistema electoral poco representativo. Ha habido poco avances en materia de derechos humanos. En 1991 se dio a conocer el informe Rettig, que identificaba a las víctimas de la dictadura, pero no a los responsables de los crímenes, y la ley de autoamnistía, de 1978, sigue en vigencia. En 2000, Pinochet perdió su fuero o inmunidad parlamentaria, debiendo enfrentar un juicio por su responsabilidad en varias de las matanzas cometidas bajo su gobierno, pero el juicio quedó detenido por razones de salud. Además, ese proceso comenzó gracias al arrestodel antiguo dictador en 1998 en Londres, por la iniciativa del juez español Baltazar Garzón. Al mismo tiempo, gracias a ese nuevo contexto, se enjuiciaron y condenaron a algunos oficiales culpables de otros crímenes (cometidos después de 1978), y en 2001 los militares se vieron obligados a reconocer que muchas personas habían sido muertas y desaparecidas, a veces lanzadas al mar, aunque sin identificar a los responsables de esos crímenes.
En parte, esta situación se debe a que los antiguos partidarios de la dictadura mantienen un peso político importante, ya que los partidos de la derecha, que han adoptado nuevos nombres (Renovación nacional y Unión Democrática independiente) mantienen una votación elevada y constituyen una oposición numerosa en el congreso, impidiendo la aprobación de leyes que reformarían la Constitución, que requieren más que una mayoría simple. Sin embargo, la Concertación ha insistido poco en esas reformas, prefiriendo dedicarse a estimular el crecimiento económico y destacando la necesidad de alcanzar la reconciliación nacional, para borrar la herencia de la dictadura.
En el plano social, el país ha cambiado. Los resultados preliminares del censo de población de 2002 indican que el crecimiento demográfico se ha frenado considerablemente, y que Chile está hoy entre los países de más baja natalidad de América latina, junto a Cuba y Uruguay. La población supera ligeramente los 15 millones de habitantes, y es urbana en casi 90%. Se calcula que cerca de un millón de chilenos viven fuera del país (de ellos, 30 000 residen en Canadá); a aquellos que salieron bajo la dictadura, y que han regresado sólo en parte, se han añadido otros, que siguen saliendo por razones de trabajo. La relativa prosperidad chilena atrae a gente de países vecinos: hay alrededor de 50 000 peruanos viviendo en Chile, muchos de ellos ilegalmente, y también varios miles de profesionales ecuatorianos, argentinos y cubanos. Pese a la gran apertura internacional que el país ha vivido, las mentalidades siguen siendo más bien conservadoras: Chile es el único país occidental donde aún no se aprueba una ley de divorcio, cuyo proyecto está en debate hace años en el Parlamento
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