Contados son los presidentes latinoamericanos que han sido capaces de conjugar las cinco virtudes del gran estadista: liderazgo democrático, decencia personal, proyección histórica, coraje político y prudencia extrema a la hora en que se presentan las ineludibles encrucijadas de la historia.
A veces pesan las unas, a veces las otras. Salvador Allende las conjugó a todas, y Fidel Castro ha confesado cuán difícil le resultó dominar la quinta virtud. Hugo Chávez encarna las cuatro primeras, mas no acaba de entender que con un vecino como Álvaro Uribe Vélez, la contención verbal sería lo ideal.
Personificación del mal absoluto, el perfil del presidente colombiano requeriría de un buen novelista para enriquecer la desquiciante saga de los grandes sátrapas de nuestra historia. Porque a estas alturas (y a propósito del “canje humanitario” que tuvo lugar de agosto de 2007 a enero pasado) resulta impensable que Uribe pueda “…sobresaltarse más de lo espantoso, familiar a mis pensamientos carniceros” (Macbeth).
Sostenido por la Casa Negra y los grupos oligárquicos de Colombia, Uribe no es más que la sublimación del modelo político analizado en el siglo XVI por Maquiavelo para explicarse a César Borgia. Traigamos a cuento un hecho menor: la circular que la Dirección Nacional de Impuestos (DNI) giró a la candidata presidencial Ingrid Betancourt (cautiva desde 2002 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) para “…ponerse al día con sus obligaciones tributarias”.
La DNI pidió perdón por el error. Pero lo interesante es que a causa de este comprensible error, el gobierno de la ciudad de Bogotá debatió, con toda naturalidad, una medida para que “las personas secuestradas queden exentas del pago de impuestos municipales hasta por 10 años”. La medida, finalmente, fue aprobada y… Tenga, ésta es Colombia (título de un libro de Jaime Bateman, desaparecido jefe guerrillero del Movimiento 19 de Abril).
Mientras el sátrapa busca su tercera relección con ayuda de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y los grandes medios de comunicación, muchos capítulos del drama vivido por los familiares de Ingrid Betancourt no han sido difundidos. Tal es el caso de lo sucedido el día en que Uribe engañó a Jacques Chirac, ex presidente de Francia, historia contada por Iván Márquez y Rodrigo Granda, comandantes de las FARC.
En abril de 2004, luego que las FARC comunicaron a la familia que liberarían a Ingrid (quien tiene nacionalidad francesa), la cancillería de Chirac se puso en acción. En pocas horas, de una base militar cercana a París decoló un avión C-130 con rumbo a la ciudad amazónica de Manaos, Brasil.
Por motivos de seguridad, las FARC pusieron una condición: no avisar ni a Uribe ni al presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, de la reunión entre el comandante Raúl Reyes y una delegación de la cancillería francesa en una zona del río Putumayo, cercana a la frontera con Ecuador. Por “discreción”, los franceses avisaron a Gutiérrez, quien a su vez avisó a la embajada de Washington en Quito, y Uribe recibió el “tip”.
En Bogotá, el presidente llamó al Palacio de Nariño (presidencial) a uno de sus agentes de confianza, y le encomendó la misión de presentarse en la nunciatura apostólica. El agente informó al delegado del Papa que las FARC iban a liberar a Ingrid, y que él era el “contacto” de la guerrilla para concretar la misión.
De paso, el agente manifestó que Reyes estaba “gravemente enfermo de cáncer”, lo que requería de una intervención quirúrgica urgente para salvarle la vida. Que a tales efectos, añadió, el gobierno francés iba a desplazar un avión hospital a Manaos, con un equipo médico capacitado. Además, el agente de Uribe informó que debía llevar “armas para las FARC, y una fuerte suma de dinero”, como parte del acuerdo para la liberación de Ingrid.
Compungido, el nuncio se comunicó con Uribe, quien lo recibió en su despacho. Con el cinismo proverbial que lo distingue, el artífice del retorcido ardid llamó a la familia de Ingrid para “oír su opinión y acordar un curso de acción”. Astrid (hermana), Carlos Lecompte (esposo de Ingrid), y el agente de Uribe tomaron un avión ejecutivo rumbo a Manaos.
Frente al giro de la situación, la delegación del gobierno francés (que ya se encontraba en Quito) recibió instrucciones de suspender el viaje al Putumayo, donde la esperaba el comandante Reyes. En tanto, la familia constataba el aterrizaje del avión y su discreto estacionamiento en un extremo de la pista del aeropuerto internacional de Manaos.
El esbirro de Uribe se dirigió a un puerto fluvial, acompañado de los familiares. Allí abordó una pequeña embarcación con motor fuera de borda “para traer a Ingrid”. Al cabo de unas horas regresó, diciendo que el motor estaba fallando. Que necesitaba dinero para uno nuevo, y por si se presentaba “algún imprevisto”. Los familiares le entregaron 3 mil dólares, y el hombre se perdió en la floresta. Tenga… esto es Uribe.
lunes, 25 de febrero de 2008
jueves, 21 de febrero de 2008
La protagonista es Cuba
El anuncio hecho público por Fidel Castro Ruz a través del diario «Gramma» provocó un revuelo en las cancillerías internacionales y fue recibido con la calma que está caracterizando al periodo de transición abierto hace ya varios años en la isla caribeña. La retirada de Fidel Castro de la primera línea política, por motivos de enfermedad, ha hecho que desde julio de 2006 se haya vivido una situación de interinidad que terminará este domingo, cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular, al final de un largo proceso electoral, determine qué personas guiarán los destinos del país en los próximos años.
El anuncio del líder cubano hizo que las interpretaciones en los países occidentales volvieran a centrarse ayer en exclusiva en la figura de Fidel Castro, en un intento de presentar el modelo político y social construido por la mayoría de los cubanos como el proyecto personal de un dirigente, sin duda, referencial.
Sin embargo, el análisis debería centrarse en cuestiones más esenciales, en escrutar cómo se trasladarán las demandas de cambio, de rectificación, de perfeccionamiento del modelo socialista que han venido reflejándose en las múltiples asambleas que se han celebrado a lo largo y ancho del país desde que Fidel Castro cediera efectivamente sus responsabilidades como jefe del Estado. Es en ese mandato, que emana de la ciudadanía, y que la Asamblea deberá traducir a partir de los nombramientos de la dirección del país en acciones políticas reales, en el que residen las claves para interpretar la evolución futura de la situación en Cuba.
En este sentido, las demandas de una «transición» que se escuchaban ayer de muchas cancillerías occidentales vienen a constatar la dificultad de algunas élites políticas e intelectuales para asumir que el modelo cubano evolucionará en la medida, en la forma y en el tiempo que decidan los ciudadanos de la isla. Escuchar al pueblo es la forma más segura de no sacar falsas conclusiones en la recta final de un proceso electoral en tiempos de importantes cambios para Cuba.
miércoles, 13 de febrero de 2008
Comienza la lucha contra la escasez de comida, ¡ahora a expropiar los monopolios!
En las últimas dos semanas se han incautado más de 13.000 toneladas de comida en Venezuela como parte del Plan de Soberanía Alimentaria iniciado para luchar contra la especulación, el acaparamiento y el sabotaje de la cadena de distribución alimentaria. Al anunciar estas medidas en su programa de radio Aló Presidente, el 22 de enero, el presidente Chávez dijo que "entre las responsabilidades del gobierno, una de ellas es atacar el modelo capitalista, los monopolios y las estafas, para que el pueblo, los trabajadores, junto con el gobierno puedan hacer avanzar el país". Esta ofensiva es bienvenida. La escasez de comida ha sido un problema constante durante la mayor parte del año 2007, de las estanterías de las tiendas privadas y de la red de distribución estatal Mercal escaseaban los alimentos básicos (ver artículo Erik Demeester, Venezuela: El tira y afloja económico entre revolución y contrarrevolución).
La escasez de comida es el resultado de una combinación de factores. Por un lado está el sabotaje económico abierto por parte de la clase dominante, con el objetivo de socavar la base de apoyo de la revolución bolivariana. Los productos se retiran deliberadamente de la cadena de distribución alimentaria, se publican en los medios de comunicación historias sobre la escasez con la intención de provocar el pánico entre la opinión pública. Por otro lado, los controles de precio y regulaciones introducidos por el gobierno para intentar proteger a los trabajadores, han reducido los márgenes de beneficio de los campesinos capitalistas, que han respondido con una negativa a producir o venden sus productos en el mercado negro, y también desviando la producción hacia productos que no están regulados. Por último, la existencia del mercado negro ha estimulado la corrupción a todos los niveles de la distribución alimentaria, incluido el Mercal, donde los burócratas de distintos niveles desvían productos de los mercados populares al mercado negro donde se venden a un precio mucho mayor. Todos estos factores se añaden a los problemas de una economía basada en la exportación de petróleo, donde una clase capitalista parasitaria no está interesada en producir para el mercado nacional y donde una gran parte de la agricultura se concentra en unas pocas empresas capitalistas agrarias que venden sus productos en el mercado mundial. Como resultado de esta situación, Venezuela se ve obligada a importar el 70 por ciento de los alimentos que consume.
La crisis de la escasez de comida del año pasado tuvo un impacto importante en los resultados del referéndum constitucional. La derrota de las reformas propuestas fue consecuencia del aumento masivo de la abstención en las zonas obreras y pobres que tradicionalmente votaban en masa a Chávez y a la revolución bolivariana. Dos ejemplos sirven para ilustrar esta situación: en Coche, una zona de clase obrera al sur de Caracas, que jugó un papel clave en la derrota del golpe de estado de abril de 2002, que salió en masa y rodeó los barracones de Fuerte Tiuna, en las elecciones presidenciales de 2006 Chávez consiguió 21.000 votos, mientras que en el referéndum sólo 12.000 votaron a favor de la reforma constitucional. La oposición sólo consiguió aumentar 2.000 votos, de 11.000 a 13.000 votos, pero que bastaron para derrotar las propuestas de reforma en este barrio. Petare es otra zona de clase obrera y un barrio pobre del este de Caracas, conocido por su movilización revolucionaria, jugó un papel clave en la recuperación de los estudios de Canal 8 durante la lucha contra el golpe. Aquí Chávez en diciembre de 2006 consiguió 112.000 votos, pero la reforma constitucional sólo recibió 61.000. La oposición aumentó en 1.000 votos, ha 97.000, y la reforma fue derrotada.
Pero la escasez de comida en sí misma no fue la razón por la que 3 millones de bolivarianos se abstuvieron en el referéndum. La mayoría de ellos sabían por propia experiencia que la escasez de comida era producto de una campaña deliberada de sabotaje por la oligarquía. El factor crucial fue que al gobierno no se le veía hacer nada. Algunos ministros despreciaron la magnitud del problema o incluso negaron la existencia de escasez. En realidad, en marzo de 2007 el gobierno había aprobado una Ley contra el Sabotaje, Acaparamiento y Especulación que ya permitía la incautación de almacenes de comida y la expropiación de los que participasen en este tipo de actividades. Sin embargo, como en muchas otras cosas, esta ley de no se implantó de una manera seria.
Es evidente que el propia Chávez cada vez estaba más frustrado por la falta de acción en este terreno. En una reunión de la Comisión Económica de Planificación Nacional pidió al Ministro de Agricultura y Tierra, Elía Jaua, una lista de aquellas empresas implicadas en el sabotaje de la distribución y producción de alimentos para expropiarlas. Si no estaba dispuesto a hacerlo, dijo Chávez, le cesaría. Pero aún no se ha hecho nada. Hizo falta la derrota de la reforma constitucional para que se tomaran medidas a este respecto.
Contrabando, acaparamiento, especulación, todo forma parte de un plan deliberado de sabotaje
Las regiones con mayores cantidades de comida incautada son las fronterizas con Colombia, particularmente Táchira, donde muchas empresas en lugar de vender sus productos en el mercado venezolano, donde los precios de los alimentos básicos están regulados, los pasan de contrabando a Colombia para venderlos por un beneficio mucho mayor. Para evitar que esto ocurra, el gobierno ha introducido regulaciones muy estrictas en el transporte de varios productos alimentarios básicos (leche, arroz, café, maíz, legumbre y sorgo) a los estados fronterizos de Apure, Táchira y Zulia.
Al explicar estas medidas Chávez insistió en que si la Guardia Nacional no era suficiente, el ejército de reserva sería enviado a vigilar la frontera y evitar el contrabando: "He ordenado que si la Guardia Nacional no basta para mantener seguras nuestras fronteras, carreteras y caminos, tendremos que enviar a todo el ejército para detener el contrabando. Y si tenemos que armar al pueblo, iremos con los batallones de reservas".
El lunes 21 de enero, más de 500 toneladas de comida fueron confiscadas por la Guardia Nacional, iban a bordo de 18 camiones camino a Colombia, en la frontera del estado de Táchira. Entre los productos incautados había muchos que llevaban meses escaseando en las tiendas venezolanas, incluido azúcar, arroz, pasta y leche. En el estado de Zulia (dirigido por el gobernador opositor Manuel Rosales), se confiscaron otras 400 toneladas de alimentos y más de 190 establecimientos fueron sancionados. La cantidad total de alimentos incautados en los primeros tres días del plan, sólo en los estados de Táchira, Zulia y Alto Apure, fue de 1.600 toneladas. El fin de semana la cifra ascendía ya a 5.000 toneladas sólo en la región, la aplastante mayoría incautada en almacenes al por mayor.
En el este del país, cuando acabó la primera semana de aplicación del Plan Nacional, la guardia había confiscado 8.000 toneladas de comida, sobre todo en Anzoategui, pero también en los estados de Bolívar y Monagas, que después se vendieron al público a precios regulados. En la región centro-occidental se confiscaron otras 770 toneladas de comida. Estas cifras son una muestra de la escala de la campaña de sabotaje y probablemente son sólo la punta del iceberg.
Las operaciones abarcan todos los niveles de la cadena de distribución alimentaria y muestran las diferentes formas en que la oligarquía está saboteando la distribución de productos de alimentación básicos. Después en Carabobo, el 17 de enero, la Guardia Nacional incautó 7,5 toneladas de azúcar de distintos supermercados, mercados y tiendas, que se vendían un 25 por ciento por encima de su precio regulado, después se vendieron al público. En Zulia, la Guardia Nacional encontró 71 toneladas de leche en polvo en los almacenes de la empresa Nestlé, que según sus propios libros se había almacenado y no se había distribuido. Después se vendieron en la red de supermercados populares del Mercal. Con relación al sector al por menor, el Instituto para la Defensa del Consumidor (Indecu), impuso multas y cierres temporales a 1.635 establecimientos que habían participado en la especulación y vendido por encima de los precios oficiales.
La Guardia Nacional también tiene como objetivo el principal grupo monopolista de la distribución de alimentos, Polar, que demuestra que la escasez de comida es parte de una campaña organizada deliberadamente por la oligarquía contra la revolución bolivariana. El 24 de enero, 27 camiones pertenecientes a Alimentos Polar fueron confiscados, en ellos había 350 toneladas de alimentos básicos y 165 toneladas de harina de maíz, en los estados de Táchira, Mérida, Bolívar y Monagas. El director de Palmonagas, una subsidiaria de Polar en Monagas, fue detenido con esta operación. El Grupo Polar es propiedad de la familia Mendoza, una de las familias más ricas y poderosas de la oligarquía venezolana, y además está en el puesto número 119 de la lista de las 400 personas más ricas del planeta. Jugaron un papel clave en el sabotaje de la economía durante el cierre patronal de diciembre de 2002-febrero de 2003. En realidad, su propiedad hace tiempo que debería haber sido expropiada.
El parlamentario de la asamblea nacional, Manuel Villalba, lo dijo claramente: "Todo esto demuestra la existencia de una campaña, dirigida y orquestada por grupos económicos poderosos, que fueron los mismos que se opusieron a la reforma constitucional, particularmente en la propuesta destinada a ilegalizar los monopolios. Con sus acciones criminales ellos quieren provocar una reacción de la población que lleve a una explosión social".
Estas no son noticias para los activistas revolucionarios de Venezuela que saben desde hace meses de la existencia de esta campaña de sabotaje. En noviembre de 2007, el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ), convocó una manifestación fuera de la sede de la federación empresarial, Fedecamaras, con la consigna: "Si os lleváis nuestra comida, os arrebataremos vuestras fábricas". ¿Por qué no se emprendió ninguna acción antes del referéndum? Es bastante probable que elementos reformistas, en y alrededor, de la dirección del movimiento bolivariano aconsejaran a Chávez ser "moderado", que no pareciera que "amenaza la propiedad privada", que no "era el momento adecuado", etc., Ahora vemos a donde llevó este "consejo". La política de los elementos reformistas burocráticos del movimiento bolivariano es una receta segura para la destrucción de la revolución, que sólo puede sobrevivir y avanzar hacia la victoria basándose firmemente en la movilización revolucionaria de las masas bolivarianas para golpear a la oligarquía reaccionaria.
Sin embargo, a pesar de las excelentes iniciativas del FNCEZ y los llamamientos del Freteco, ninguno de los sectores de la dirección de la UNT organizó una campaña seria de ocupaciones de fábrica para luchar contra el sabotaje económico. En esto, la dirección del ala de izquierdas de la UNT, el CCURA tiene la principal responsabilidad. Podrían haberse unido fácilmente con el FNCEZ y el Freteco para organizar la ocupación de los almacenes, las plantas procesadoras de alimentos, las fábricas lácteas, los graneros, las instalaciones de Polar, etc., y exigir su expropiación bajo el control obrero.
Las concesiones no resolverán nada
Al mismo tiempo que se implanta una política estricta contra la especulación y el acaparamiento, el gobierno ha hecho concesiones a los productores privados. Los controles de precios que afectan a unos 400 productos distintos se han eliminado, sólo quedan 20. La primera de estas medidas que se anunció fue la subida del precio regulado de la leche para los productores de 1,1 bolívares a 1,5. Estas concesiones fueron menospreciadas por el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado (Fedenagas). Dijo que el aumento de precio de la leche era "demasiado pequeño y demasiado tarde" y que el precio debería estar fijado entre 1,8 y 2,2 bolívares, por tanto, piden un aumento del 100 por ciento. Declaraciones como esta subrayan el hecho de que la producción para el beneficio privado entra en directa contradicción con la producción para satisfacer las necesidades de la población. Ningún tipo de concesión contentará a la oligarquía y sí acercará el final de la propia revolución.
Para intentar llegar a un acuerdo con el aspecto del problema relacionado con la producción, el gobierno modificó la ley que regula el crédito para el sector agrícola, fijó un tipo de interés máximo del 15 por ciento y aumentó la duración de los créditos de 3 a 20 años. Chávez insistió en que si los bancos incumplían estas regulaciones serían sancionados, "no sólo con una pequeña multa, aquellos bancos que no las cumplan serán intervenidos". Cuando inauguraba la primera planta socialista de leche en Machiques, Zulia, Chávez declaró que las empresas que vendan su leche directamente a las multinacionales extranjeras por encima de los precios regulados para después convertirla en queso o en otros productos lácteos que no están regulados, serán expropiadas, junto con las plantas de leche involucradas.
El gobierno también ha anunciado dentro de este Plan de Soberanía Alimentaria, la creación de PDVAL (un ala de distribución y producción de alimentos parte de la propiedad estatal petrolera PDVSA). "PDVAL debería ser como un hermano para Mercal, y su objetivo es garantizar los suministros básicos de comida a todos los venezolanos, sin especulación ni explotación de los trabajadores".
La confiscación de almacenes de comida por parte de la Guardia Nacional y otros organismos puede aliviar temporalmente el problema, pero no puede resolverlo a largo plazo. Basarse en las instituciones del aparato del estado que todavía es un estado capitalista para resolver los problemas de clase obrera es como poner a un zorro a cuidar las gallinas. La corrupción y los intereses capitalistas dominan todas las partes del aparato del estado, incluso de aquellos a cargo de garantizar la distribución de comida. Parte del Plan de Soberanía Alimentaria, las instalaciones de la Oficina Regional de Provisión de Productos Alimentarios del paso fronterizo de San Antonio del Táchira fueron ocupadas debido a una investigación de una red de corrupción que funciona dentro de esa oficina. En el estado de Zulia se ha descubierto un anillo de especulación dentro de la red estatal de supermercado de alimentos Mercal. Durante mucho tiempo, los trabajadores de Mercal, organizados en el Sindicato de Trabajadores Bolivarianos de Mercal (Sinutrabmercal) habían denunciado estas mafias dentro del Mercal y exigido el control por parte de los trabajadores y las comunidades como la única manera de detenerlos.
Por una campaña revolucionaria de ocupaciones de fábricas y tierras
La única alternativa real para tratar el problema es nacionalizar bajo el control de los trabajadores y grupos comunitarios los sectores estratégicos clave de la economía, que ahora están en manos de dos o tres grupos monopolistas. Para expropiar a la oligarquía, los trabajadores no pueden basarse en la burocracia estatal sino que sólo pueden basarse en su propia iniciativa revolucionaria. Por lo tanto, es alentador ver como en toda una serie de regiones del país, se han creado consejos comunales para luchar contra la especulación, se han creado comisiones de investigación y desenmascarado a las empresas que participan en el sabotaje y la especulación.
El Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ), que ha estado en la primera línea de la lucha campesina revolucionaria contra los latifundios, también declaró su apoyo entusiasta a la lucha contra el sabotaje, dijo que pondrían a todas sus fuerzas en estado de alerta. "Estamos poniendo todas nuestros activos sociales y políticos acumulados, organizados en 1.000 consejos comunitarios, 60 colonias campesinas y 360 comunidades organizadas a disposición del pueblo venezolano, a disposición del comandante Chávez", estas son las palabras de Orlando Zambrano, portavoz nacional del FNCEZ.
En el barrio obrero de Caracas, El Valle, la comunidad también tomó la iniciativa. El 30 de enero, 49 consejos comunitarios organizaron en la parroquia una movilización, ocuparon las instalaciones del gas abandonadas durante el cierre patronal de 2002. Decidieron poner las instalaciones bajo el control directo de los consejos comunitarios y exigieron que se instalara allí una estación de llenado de botellas de bombonas de gas (que también sufre escasez), junto con el PDVAL local. El dirigente revolucionario local, Alí Verenzuela, declaró que esta era su respuesta a la campaña de sabotaje destinada a dejar a las comunidades obreras de Venezuela sin gas para cocinar.
En el estado de Sucre, la UNT (Unión Nacional de Trabajadores) ha declaro que "el año 2007 un gran número de empresas implicadas en la producción, importación y distribución de comida, y también varios supermercados y otros detallistas, comenzaron una campaña de sabotaje con el objetivo de desestabilizar al gobierno bolivariano". Para participar en la lucha contra especulación, la UNT de Sucre ha decidido crear equipos de trabajadores que irán a cualquier empresa o almacén que incumpla la ley y organizará un piquete hasta que llegue la Guardia Nacional.
Esta es el tipo de iniciativa que debería haber tomado la UNT a nivel nacional hace mucho tiempo. Demuestra el tremendo potencial que los trabajadores tienen para controlar y planificar la industria, si fueran ellos los que la organizaran. Los trabajadores saben muy bien qué empresas participan en la campaña deliberada de sabotaje. Los trabajadores deben ocupar sus fábricas e instalaciones, exigir, como ha dicho el propio presidente Chávez, su expropiación y, añadimos, para que sean dirigidas bajo control obrero.
Una campaña nacional en esta línea, lanzada por el ala revolucionaria de la UNT, junto con organizaciones campesinas como el FNCEZ, los consejos comunitarios y organizaciones revolucionarias de base, los batallones socialistas del PSUV, el movimiento de fábricas ocupadas Freteco, etc., conseguiría muchas cosas. Por un lado, dejaría claro que la responsabilidad de la escasez de comida recae sobre los hombros de la oligarquía. En segundo lugar, mostraría una salida adelante al hacer que los campesinos y los trabajadores tuvieran la responsabilidad sobre la producción de comida, procesamiento y distribución. Enviaría una señal clara de que el socialismo es posible. Y por último, daría un impulso a la movilización de las masas bolivarianas. Los trabajadores y los campesinos tomarían la iniciativa de nuevo y pondrían a los reformistas, burócratas y a la oligarquía a la defensiva.
La crisis alimentaria en Venezuela contiene lecciones muy importantes para el futuro de la revolución bolivariana. En primer lugar, no puedes regular el mercado capitalista. El capitalismo se basa en la producción para el beneficio, si intentas evitarlo o limitarlo, no habrá producción. Por lo tanto, la existencia continuada de la propiedad privada de los medios de producción, procesamiento y distribución de comida entra en directa contradicción con las necesidades de la mayoría de la población. La propiedad privada de la industria alimentaria debería desaparecer y ser gestionada como parte de un plan democrático de la economía en manos de los trabajadores, campesinos y consumidores.
Las concesiones a los capitalistas no pueden resolver el problema. Todo lo contrario, lo empeoran. Introducen desmoralización y apatía entre las filas de las masas revolucionarias. Y la oligarquía las toma como un signo de debilidad y llevará a una intensificación de su ofensiva contra la revolución.
El actual aparato del estado no es fiable para poner en práctica una política revolucionaria a favor de las masas. Necesita ser sustituido por instituciones revolucionarias basadas en los consejos comunitarios, consejos de fábrica, comunidades campesinas, etc., a través de las cuales los trabajadores y campesinos puedan ejercer directamente su poder.
La derrota en el referéndum constitucional fue una advertencia: si la revolución no es capaz de resolver las necesidades de las masas, fracasará. La respuesta espontánea de muchos trabajadores, campesinos y grupos comunitarios a nivel local para organizar y poner fin a la escasez de comida es una imagen de lo que sería posible si existiera una campaña consciente y estatal. El instinto revolucionario y la fuerza de voluntad de las masas demuestran que la correlación de fuerzas aún es favorable a la revolución, pero también que, debido a la ausencia de dirección, esta fuerza de voluntad sólo es insuficiente para aplastar a la oligarquía y acabar la revolución. La falta de comida y la ausencia de dirección son dos caras de la misma moneda. La tarea de resolver las necesidades inmediatas está, por tanto, vinculada a la tarea de la construcción de una dirección y organización revolucionarias que es necesaria para que los trabajadores tomen el poder y se muevan hacia la genuina transformación de la sociedad.
La escasez de comida es el resultado de una combinación de factores. Por un lado está el sabotaje económico abierto por parte de la clase dominante, con el objetivo de socavar la base de apoyo de la revolución bolivariana. Los productos se retiran deliberadamente de la cadena de distribución alimentaria, se publican en los medios de comunicación historias sobre la escasez con la intención de provocar el pánico entre la opinión pública. Por otro lado, los controles de precio y regulaciones introducidos por el gobierno para intentar proteger a los trabajadores, han reducido los márgenes de beneficio de los campesinos capitalistas, que han respondido con una negativa a producir o venden sus productos en el mercado negro, y también desviando la producción hacia productos que no están regulados. Por último, la existencia del mercado negro ha estimulado la corrupción a todos los niveles de la distribución alimentaria, incluido el Mercal, donde los burócratas de distintos niveles desvían productos de los mercados populares al mercado negro donde se venden a un precio mucho mayor. Todos estos factores se añaden a los problemas de una economía basada en la exportación de petróleo, donde una clase capitalista parasitaria no está interesada en producir para el mercado nacional y donde una gran parte de la agricultura se concentra en unas pocas empresas capitalistas agrarias que venden sus productos en el mercado mundial. Como resultado de esta situación, Venezuela se ve obligada a importar el 70 por ciento de los alimentos que consume.
La crisis de la escasez de comida del año pasado tuvo un impacto importante en los resultados del referéndum constitucional. La derrota de las reformas propuestas fue consecuencia del aumento masivo de la abstención en las zonas obreras y pobres que tradicionalmente votaban en masa a Chávez y a la revolución bolivariana. Dos ejemplos sirven para ilustrar esta situación: en Coche, una zona de clase obrera al sur de Caracas, que jugó un papel clave en la derrota del golpe de estado de abril de 2002, que salió en masa y rodeó los barracones de Fuerte Tiuna, en las elecciones presidenciales de 2006 Chávez consiguió 21.000 votos, mientras que en el referéndum sólo 12.000 votaron a favor de la reforma constitucional. La oposición sólo consiguió aumentar 2.000 votos, de 11.000 a 13.000 votos, pero que bastaron para derrotar las propuestas de reforma en este barrio. Petare es otra zona de clase obrera y un barrio pobre del este de Caracas, conocido por su movilización revolucionaria, jugó un papel clave en la recuperación de los estudios de Canal 8 durante la lucha contra el golpe. Aquí Chávez en diciembre de 2006 consiguió 112.000 votos, pero la reforma constitucional sólo recibió 61.000. La oposición aumentó en 1.000 votos, ha 97.000, y la reforma fue derrotada.
Pero la escasez de comida en sí misma no fue la razón por la que 3 millones de bolivarianos se abstuvieron en el referéndum. La mayoría de ellos sabían por propia experiencia que la escasez de comida era producto de una campaña deliberada de sabotaje por la oligarquía. El factor crucial fue que al gobierno no se le veía hacer nada. Algunos ministros despreciaron la magnitud del problema o incluso negaron la existencia de escasez. En realidad, en marzo de 2007 el gobierno había aprobado una Ley contra el Sabotaje, Acaparamiento y Especulación que ya permitía la incautación de almacenes de comida y la expropiación de los que participasen en este tipo de actividades. Sin embargo, como en muchas otras cosas, esta ley de no se implantó de una manera seria.
Es evidente que el propia Chávez cada vez estaba más frustrado por la falta de acción en este terreno. En una reunión de la Comisión Económica de Planificación Nacional pidió al Ministro de Agricultura y Tierra, Elía Jaua, una lista de aquellas empresas implicadas en el sabotaje de la distribución y producción de alimentos para expropiarlas. Si no estaba dispuesto a hacerlo, dijo Chávez, le cesaría. Pero aún no se ha hecho nada. Hizo falta la derrota de la reforma constitucional para que se tomaran medidas a este respecto.
Contrabando, acaparamiento, especulación, todo forma parte de un plan deliberado de sabotaje
Las regiones con mayores cantidades de comida incautada son las fronterizas con Colombia, particularmente Táchira, donde muchas empresas en lugar de vender sus productos en el mercado venezolano, donde los precios de los alimentos básicos están regulados, los pasan de contrabando a Colombia para venderlos por un beneficio mucho mayor. Para evitar que esto ocurra, el gobierno ha introducido regulaciones muy estrictas en el transporte de varios productos alimentarios básicos (leche, arroz, café, maíz, legumbre y sorgo) a los estados fronterizos de Apure, Táchira y Zulia.
Al explicar estas medidas Chávez insistió en que si la Guardia Nacional no era suficiente, el ejército de reserva sería enviado a vigilar la frontera y evitar el contrabando: "He ordenado que si la Guardia Nacional no basta para mantener seguras nuestras fronteras, carreteras y caminos, tendremos que enviar a todo el ejército para detener el contrabando. Y si tenemos que armar al pueblo, iremos con los batallones de reservas".
El lunes 21 de enero, más de 500 toneladas de comida fueron confiscadas por la Guardia Nacional, iban a bordo de 18 camiones camino a Colombia, en la frontera del estado de Táchira. Entre los productos incautados había muchos que llevaban meses escaseando en las tiendas venezolanas, incluido azúcar, arroz, pasta y leche. En el estado de Zulia (dirigido por el gobernador opositor Manuel Rosales), se confiscaron otras 400 toneladas de alimentos y más de 190 establecimientos fueron sancionados. La cantidad total de alimentos incautados en los primeros tres días del plan, sólo en los estados de Táchira, Zulia y Alto Apure, fue de 1.600 toneladas. El fin de semana la cifra ascendía ya a 5.000 toneladas sólo en la región, la aplastante mayoría incautada en almacenes al por mayor.
En el este del país, cuando acabó la primera semana de aplicación del Plan Nacional, la guardia había confiscado 8.000 toneladas de comida, sobre todo en Anzoategui, pero también en los estados de Bolívar y Monagas, que después se vendieron al público a precios regulados. En la región centro-occidental se confiscaron otras 770 toneladas de comida. Estas cifras son una muestra de la escala de la campaña de sabotaje y probablemente son sólo la punta del iceberg.
Las operaciones abarcan todos los niveles de la cadena de distribución alimentaria y muestran las diferentes formas en que la oligarquía está saboteando la distribución de productos de alimentación básicos. Después en Carabobo, el 17 de enero, la Guardia Nacional incautó 7,5 toneladas de azúcar de distintos supermercados, mercados y tiendas, que se vendían un 25 por ciento por encima de su precio regulado, después se vendieron al público. En Zulia, la Guardia Nacional encontró 71 toneladas de leche en polvo en los almacenes de la empresa Nestlé, que según sus propios libros se había almacenado y no se había distribuido. Después se vendieron en la red de supermercados populares del Mercal. Con relación al sector al por menor, el Instituto para la Defensa del Consumidor (Indecu), impuso multas y cierres temporales a 1.635 establecimientos que habían participado en la especulación y vendido por encima de los precios oficiales.
La Guardia Nacional también tiene como objetivo el principal grupo monopolista de la distribución de alimentos, Polar, que demuestra que la escasez de comida es parte de una campaña organizada deliberadamente por la oligarquía contra la revolución bolivariana. El 24 de enero, 27 camiones pertenecientes a Alimentos Polar fueron confiscados, en ellos había 350 toneladas de alimentos básicos y 165 toneladas de harina de maíz, en los estados de Táchira, Mérida, Bolívar y Monagas. El director de Palmonagas, una subsidiaria de Polar en Monagas, fue detenido con esta operación. El Grupo Polar es propiedad de la familia Mendoza, una de las familias más ricas y poderosas de la oligarquía venezolana, y además está en el puesto número 119 de la lista de las 400 personas más ricas del planeta. Jugaron un papel clave en el sabotaje de la economía durante el cierre patronal de diciembre de 2002-febrero de 2003. En realidad, su propiedad hace tiempo que debería haber sido expropiada.
El parlamentario de la asamblea nacional, Manuel Villalba, lo dijo claramente: "Todo esto demuestra la existencia de una campaña, dirigida y orquestada por grupos económicos poderosos, que fueron los mismos que se opusieron a la reforma constitucional, particularmente en la propuesta destinada a ilegalizar los monopolios. Con sus acciones criminales ellos quieren provocar una reacción de la población que lleve a una explosión social".
Estas no son noticias para los activistas revolucionarios de Venezuela que saben desde hace meses de la existencia de esta campaña de sabotaje. En noviembre de 2007, el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ), convocó una manifestación fuera de la sede de la federación empresarial, Fedecamaras, con la consigna: "Si os lleváis nuestra comida, os arrebataremos vuestras fábricas". ¿Por qué no se emprendió ninguna acción antes del referéndum? Es bastante probable que elementos reformistas, en y alrededor, de la dirección del movimiento bolivariano aconsejaran a Chávez ser "moderado", que no pareciera que "amenaza la propiedad privada", que no "era el momento adecuado", etc., Ahora vemos a donde llevó este "consejo". La política de los elementos reformistas burocráticos del movimiento bolivariano es una receta segura para la destrucción de la revolución, que sólo puede sobrevivir y avanzar hacia la victoria basándose firmemente en la movilización revolucionaria de las masas bolivarianas para golpear a la oligarquía reaccionaria.
Sin embargo, a pesar de las excelentes iniciativas del FNCEZ y los llamamientos del Freteco, ninguno de los sectores de la dirección de la UNT organizó una campaña seria de ocupaciones de fábrica para luchar contra el sabotaje económico. En esto, la dirección del ala de izquierdas de la UNT, el CCURA tiene la principal responsabilidad. Podrían haberse unido fácilmente con el FNCEZ y el Freteco para organizar la ocupación de los almacenes, las plantas procesadoras de alimentos, las fábricas lácteas, los graneros, las instalaciones de Polar, etc., y exigir su expropiación bajo el control obrero.
Las concesiones no resolverán nada
Al mismo tiempo que se implanta una política estricta contra la especulación y el acaparamiento, el gobierno ha hecho concesiones a los productores privados. Los controles de precios que afectan a unos 400 productos distintos se han eliminado, sólo quedan 20. La primera de estas medidas que se anunció fue la subida del precio regulado de la leche para los productores de 1,1 bolívares a 1,5. Estas concesiones fueron menospreciadas por el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado (Fedenagas). Dijo que el aumento de precio de la leche era "demasiado pequeño y demasiado tarde" y que el precio debería estar fijado entre 1,8 y 2,2 bolívares, por tanto, piden un aumento del 100 por ciento. Declaraciones como esta subrayan el hecho de que la producción para el beneficio privado entra en directa contradicción con la producción para satisfacer las necesidades de la población. Ningún tipo de concesión contentará a la oligarquía y sí acercará el final de la propia revolución.
Para intentar llegar a un acuerdo con el aspecto del problema relacionado con la producción, el gobierno modificó la ley que regula el crédito para el sector agrícola, fijó un tipo de interés máximo del 15 por ciento y aumentó la duración de los créditos de 3 a 20 años. Chávez insistió en que si los bancos incumplían estas regulaciones serían sancionados, "no sólo con una pequeña multa, aquellos bancos que no las cumplan serán intervenidos". Cuando inauguraba la primera planta socialista de leche en Machiques, Zulia, Chávez declaró que las empresas que vendan su leche directamente a las multinacionales extranjeras por encima de los precios regulados para después convertirla en queso o en otros productos lácteos que no están regulados, serán expropiadas, junto con las plantas de leche involucradas.
El gobierno también ha anunciado dentro de este Plan de Soberanía Alimentaria, la creación de PDVAL (un ala de distribución y producción de alimentos parte de la propiedad estatal petrolera PDVSA). "PDVAL debería ser como un hermano para Mercal, y su objetivo es garantizar los suministros básicos de comida a todos los venezolanos, sin especulación ni explotación de los trabajadores".
La confiscación de almacenes de comida por parte de la Guardia Nacional y otros organismos puede aliviar temporalmente el problema, pero no puede resolverlo a largo plazo. Basarse en las instituciones del aparato del estado que todavía es un estado capitalista para resolver los problemas de clase obrera es como poner a un zorro a cuidar las gallinas. La corrupción y los intereses capitalistas dominan todas las partes del aparato del estado, incluso de aquellos a cargo de garantizar la distribución de comida. Parte del Plan de Soberanía Alimentaria, las instalaciones de la Oficina Regional de Provisión de Productos Alimentarios del paso fronterizo de San Antonio del Táchira fueron ocupadas debido a una investigación de una red de corrupción que funciona dentro de esa oficina. En el estado de Zulia se ha descubierto un anillo de especulación dentro de la red estatal de supermercado de alimentos Mercal. Durante mucho tiempo, los trabajadores de Mercal, organizados en el Sindicato de Trabajadores Bolivarianos de Mercal (Sinutrabmercal) habían denunciado estas mafias dentro del Mercal y exigido el control por parte de los trabajadores y las comunidades como la única manera de detenerlos.
Por una campaña revolucionaria de ocupaciones de fábricas y tierras
La única alternativa real para tratar el problema es nacionalizar bajo el control de los trabajadores y grupos comunitarios los sectores estratégicos clave de la economía, que ahora están en manos de dos o tres grupos monopolistas. Para expropiar a la oligarquía, los trabajadores no pueden basarse en la burocracia estatal sino que sólo pueden basarse en su propia iniciativa revolucionaria. Por lo tanto, es alentador ver como en toda una serie de regiones del país, se han creado consejos comunales para luchar contra la especulación, se han creado comisiones de investigación y desenmascarado a las empresas que participan en el sabotaje y la especulación.
El Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ), que ha estado en la primera línea de la lucha campesina revolucionaria contra los latifundios, también declaró su apoyo entusiasta a la lucha contra el sabotaje, dijo que pondrían a todas sus fuerzas en estado de alerta. "Estamos poniendo todas nuestros activos sociales y políticos acumulados, organizados en 1.000 consejos comunitarios, 60 colonias campesinas y 360 comunidades organizadas a disposición del pueblo venezolano, a disposición del comandante Chávez", estas son las palabras de Orlando Zambrano, portavoz nacional del FNCEZ.
En el barrio obrero de Caracas, El Valle, la comunidad también tomó la iniciativa. El 30 de enero, 49 consejos comunitarios organizaron en la parroquia una movilización, ocuparon las instalaciones del gas abandonadas durante el cierre patronal de 2002. Decidieron poner las instalaciones bajo el control directo de los consejos comunitarios y exigieron que se instalara allí una estación de llenado de botellas de bombonas de gas (que también sufre escasez), junto con el PDVAL local. El dirigente revolucionario local, Alí Verenzuela, declaró que esta era su respuesta a la campaña de sabotaje destinada a dejar a las comunidades obreras de Venezuela sin gas para cocinar.
En el estado de Sucre, la UNT (Unión Nacional de Trabajadores) ha declaro que "el año 2007 un gran número de empresas implicadas en la producción, importación y distribución de comida, y también varios supermercados y otros detallistas, comenzaron una campaña de sabotaje con el objetivo de desestabilizar al gobierno bolivariano". Para participar en la lucha contra especulación, la UNT de Sucre ha decidido crear equipos de trabajadores que irán a cualquier empresa o almacén que incumpla la ley y organizará un piquete hasta que llegue la Guardia Nacional.
Esta es el tipo de iniciativa que debería haber tomado la UNT a nivel nacional hace mucho tiempo. Demuestra el tremendo potencial que los trabajadores tienen para controlar y planificar la industria, si fueran ellos los que la organizaran. Los trabajadores saben muy bien qué empresas participan en la campaña deliberada de sabotaje. Los trabajadores deben ocupar sus fábricas e instalaciones, exigir, como ha dicho el propio presidente Chávez, su expropiación y, añadimos, para que sean dirigidas bajo control obrero.
Una campaña nacional en esta línea, lanzada por el ala revolucionaria de la UNT, junto con organizaciones campesinas como el FNCEZ, los consejos comunitarios y organizaciones revolucionarias de base, los batallones socialistas del PSUV, el movimiento de fábricas ocupadas Freteco, etc., conseguiría muchas cosas. Por un lado, dejaría claro que la responsabilidad de la escasez de comida recae sobre los hombros de la oligarquía. En segundo lugar, mostraría una salida adelante al hacer que los campesinos y los trabajadores tuvieran la responsabilidad sobre la producción de comida, procesamiento y distribución. Enviaría una señal clara de que el socialismo es posible. Y por último, daría un impulso a la movilización de las masas bolivarianas. Los trabajadores y los campesinos tomarían la iniciativa de nuevo y pondrían a los reformistas, burócratas y a la oligarquía a la defensiva.
La crisis alimentaria en Venezuela contiene lecciones muy importantes para el futuro de la revolución bolivariana. En primer lugar, no puedes regular el mercado capitalista. El capitalismo se basa en la producción para el beneficio, si intentas evitarlo o limitarlo, no habrá producción. Por lo tanto, la existencia continuada de la propiedad privada de los medios de producción, procesamiento y distribución de comida entra en directa contradicción con las necesidades de la mayoría de la población. La propiedad privada de la industria alimentaria debería desaparecer y ser gestionada como parte de un plan democrático de la economía en manos de los trabajadores, campesinos y consumidores.
Las concesiones a los capitalistas no pueden resolver el problema. Todo lo contrario, lo empeoran. Introducen desmoralización y apatía entre las filas de las masas revolucionarias. Y la oligarquía las toma como un signo de debilidad y llevará a una intensificación de su ofensiva contra la revolución.
El actual aparato del estado no es fiable para poner en práctica una política revolucionaria a favor de las masas. Necesita ser sustituido por instituciones revolucionarias basadas en los consejos comunitarios, consejos de fábrica, comunidades campesinas, etc., a través de las cuales los trabajadores y campesinos puedan ejercer directamente su poder.
La derrota en el referéndum constitucional fue una advertencia: si la revolución no es capaz de resolver las necesidades de las masas, fracasará. La respuesta espontánea de muchos trabajadores, campesinos y grupos comunitarios a nivel local para organizar y poner fin a la escasez de comida es una imagen de lo que sería posible si existiera una campaña consciente y estatal. El instinto revolucionario y la fuerza de voluntad de las masas demuestran que la correlación de fuerzas aún es favorable a la revolución, pero también que, debido a la ausencia de dirección, esta fuerza de voluntad sólo es insuficiente para aplastar a la oligarquía y acabar la revolución. La falta de comida y la ausencia de dirección son dos caras de la misma moneda. La tarea de resolver las necesidades inmediatas está, por tanto, vinculada a la tarea de la construcción de una dirección y organización revolucionarias que es necesaria para que los trabajadores tomen el poder y se muevan hacia la genuina transformación de la sociedad.
jueves, 7 de febrero de 2008
Si Bolivia se hunde, nos hundimos todos
Un estudio del Concejo de Relaciones Exteriores de los EEUU (CRE) publicado el 2004(1), planteó la necesidad de enfrentar "Situaciones hipotéticas de violencia en Bolivia, potencialmente sobre distribución de la tierra, la asamblea constituyente o conflictos laborales."
La preocupación del CRE se debía a que el colapso del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre 2003, había tenido repercusiones sobre todo en Perú y Ecuador por su numerosa población indígena. Esto había constituido una seria advertencia para los EE.UU. y los gobernantes andinos de que el colapso de Bolivia podía presagiar una desintegración regional mayor y, peor aun, si a esta se sumaba un posible colapso de Colombia o Venezuela, las consecuencias serían inconmensurablemente más devastadoras para la estabilidad regional y la situación de los EE.UU. en Latinoamérica.
Ante semejante peligro, el estudio urgía a los EE.UU. a tomar la iniciativa de convencer a quienes calificaba de "significativos aliados de EEUU en Sudamérica", Chile, Argentina y Brasil de desarrollar estrategias comunes frente a Bolivia. La base de esta nueva alianza serían los grandes "intereses creados" (textual) de cada uno de estos países, en comercio y energía en Bolivia. Por su parte, los intereses de EEUU, según el estudio, no abarcan solo Bolivia sino toda la región andina, de donde obtiene cerca del 20% de su provisión de energía, respondiendo Venezuela por el 14% del petróleo que importan. Los asuntos a discutirse sobre Bolivia serían: flujos de refugiados, asistencia humanitaria, mediación de conflictos e interrupción de la provisión de energía.
Según la experiencia reciente, la asistencia humanitaria y la mediación de conflictos es una intervención militar "neutral" para consolidar el terreno ganado por los invasores. Algunos ejemplos recientes son Haití, ocupado, y Yugoslavia, desintegrada. Por esto también, Inglaterra, la pareja de los EEUU en las invasiones modernas, se ha manifestado valorando la participación de estos países y Perú en operaciones humanitarias(2). En cuanto a la "interrupción de la provisión de energía", esta implica lógicamente, una intervención para restaurarla.
Continuando, el documento sugiere que los países aliados establezcan relaciones y líneas de comunicación con el gobierno, -esto se llama relaciones internacionales-; pero también con partidos de oposición y lideres departamentales de Bolivia, -esto se llama intervención en política interna-, y peor aún, que formulen una política para fomentar un desarrollo social y económico equitativo en Bolivia, lo cual implica asumir la conducción de su economía.
En otro estudio más reciente sobre Bolivia (2007)(3), el CRE le dedica a Chile unos párrafos curiosos. Se dice que Chile considera que la solución de largo plazo a la inestabilidad de Bolivia es el desarrollo de las comunicaciones y la integración; y que Chile ha hecho contribuciones importantes a la estabilidad regional restableciendo totalmente las relaciones diplomáticas, lo que no es cierto(4); y que se ha mostrado dispuesto a negociar una solución para el acceso marítimo de Bolivia, lo que tampoco es cierto. Dado que este documento cuenta con una larga lista de ex-funcionarios e intelectuales del gonismo consultados, no estamos ante una simple falta de información. ¿Por qué se trata de maquillar la política exterior de Chile?. Es por la vieja demanda de Bolivia de una salida al mar que le fue arrebatado por Chile; demanda que ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional. Porque frente a esto, la participación de Chile en la intervención a Bolivia podría parecer la continuación de sus viejas ambiciones geopolíticas lo cual empañaría la fachada humanitaria que se le pretende dar. En cuanto al desarrollo de comunicación e integración, según la doctrina actual para "construir nación", (o sea, consolidar la ocupación) las obras de infraestructura tienen un lugar clave.
La estrategia del CRE incluye el viejo sueño de los EEUU para Latinoamérica, la constitución de fuerzas armadas transfronterizas, según el estudio: AmeriPol y AmeriJust para combatir el crimen transnacional . Los EEUU pretenden hacerse de un ejército supranacional sometiendo los militares latinoamericanos al comando de un yanqui(5).
El imperio ya re-colonizó el pensamiento de las élites
Según el CRE(6) los problemas de Bolivia son "… agudos conflictos étnicos y raciales sobre coca, región, agua, gas, y la distribución de otros servicios públicos". Que todos estos problemas son étnicos y raciales es falso y hasta risible. La cuestión del gas por ejemplo, es un conflicto de Bolivia con las transnacionales. ¿Qué tiene de esto de étnico o racial?.
Esta visión étnificadora o culturalizada de los problemas de Bolivia se aplica en realidad a todo el tercer mundo. Ha sido una característica histórica del pensamiento colonialista y actualmente constituye el pilar remozado del pensamiento imperial sobre el tercer mundo, bajo el nombre de "guerra de civilizaciones". Según B. Lewis, el creador del término(7), esta guerra está planteada por las reacciones "quizás irracionales pero seguramente históricas" de un rival antiguo a la expansión mundial de la herencia judeo-cristiana y su presente secular de occidente.
La etnificación y la culturalización es muy imp ortante para el imperio, porque no puede aceptar que es el origen de las desgracias de sus esclavos, por eso las atribuye a problemas étnicos, culturales internos, de estos. Con eso queda libre de culpa y aparece como si fuera superior y más humano; y en razón de esta humanidad se siente obligado a ayudar y para ello interviene; en razón de esta superioridad se siente justificado a masacrar a sus esclavos por sus "reacciones quizás irracionales". Es una vieja historia.
Esta concepción se ha aplicado, entre otros, al pueblo de Iraq, al cual el imperio lo ha visto como divido entre sunis y shiitas, y en consecuencia, se ha apoyado en los unos para enfrentar a los otros. Así que, si antes no estaban divididos se espera que el enfrentamiento lo haga, y cuando esto suceda, el imperio realizará su plan de partir a Irak en tres pedazos. El tercero será para una de las 5 partes en que los kurdos fueron anteriormente divididos por Inglaterra.
La etnificación o culturalización se adapta constantemente a los nuevos desafíos planteados por las reacciones "quizás irracionales" de los oprimidos. Dos de estos y que inquietan a EEUU por su potencial político, son el antiamericanismo latino y la división entre ricos y pobres que se ha agudizado en Latinoamérica,.
Un experto del Departamento de Estado ha llamado al antiamericanismo latino "cultura del resentimiento"(8). Esto implica que el resentimiento no tiene causas reales, es solamente cultural. El efecto esperado con este nuevo nombre es, como dijo Bush, hablando de las sociedades exitosas, que "…en vez de dirigir su odio y resentimiento contra otros, las sociedades exitosas apelan a las esperanzas de sus propios pueblos"(9). Respecto a la división entre ricos y pobres; esta ha crecido en Latinoamérica más que en ninguna otra parte gracias al neoliberalismo, pero el experto prefiere concebir a ricos y pobres como dos Estados funcionando en un mismo país (¿Será que no hay pobres en EEUU?). El efecto es que la existencia de dos estados en un mismo país es lo mismo que ningún estado, lo cual da la base moral para que el imperio entre a "formar Estado" (nation building), o sea protectorados.
Esta es la ciencia social del imperio, aunque más que ciencia parecen los complejos de un asesino ante el sicólogo. Pero es ante esta "ciencia" que los indigenistas bolivianos formados por dos décadas de neoliberalismo han caído redondos, llegando a peligrosas coincidencias. Esta es la primera gran victoria del imperio.
Estos sectores han quedado ciegos ante el hecho de que el imperialismo, utilizando las cuestiones étnicas ha destruido varios países en las últimas décadas, como Yugoslavia reducida a mini países (Uno de ellos, Montenegro con 677.177 habitantes) o que sin llegar a dividirlos han producido sangrientos enfrentamientos "étnicos" internos como el de Ruanda, con una población similar a la boliviana, con cientos de miles de muertos y casi 2 millones de refugiados. Estos métodos no eran un secreto, el mismo Strio. Gral. de las NNUU, Solana declaró en 1995 que la experiencia ganada en Bosnia serviría para futuras operaciones de la OTAN.
La fragmentación de los países en mini-estados más fáciles de dominar es a partir de la crisis del petróleo la estrategia declarada del mundo desarrollado(10) y en las dos últimas décadas es práctica cotidiana. El estado se ha vuelto el enemigo principal de los ciudadanos(11). Por eso el imperio y sus aliados han fomentado todo aquello, sea bueno o malo, que lo debilite. Los indigenistas bolivianos estaban identificados con esta doctrina hasta las patas y de aquí vino una primera coincidencia: ante la cuestión de las autonomías departamentales, no pudieron oponer otra cosa que: … más autonomías, 5 tipos en total, para la nueva Constitución.
Y aquí viene otra. En 1990, el sector que vendría a ser conocido como gonismo presentó un proyecto de Ley de Comunidades y Nacionalidades, que definía a las nacionalidades como entidades rurales. Ahora, la nueva constitución coincide con esto plenamente (naciones indígena-originario-campesinas). Dado que el campesinado en Bolivia ya es solo el 37.% (INE: 2001) y que por la Constitución no todos los campesinos podrán ser indígenas, Bolivia ha dejado de ser mayoritariamente indígena; y si nos ajustamos a la definición constitucional, el presidente también ha dejado de serlo. A esto se ha llamado descolonización.
Si esto es descolonización, entonces la colonia era el problema de solo algunas minorías, y cuando estas reciban su título de la tierrita que pisan, y en su carnet de identidad figure la etnia a la que pertenecen, deberán sentirse compensadas y con esto el problema de la colonización habrá concluido. ¿Para eso era tanto discurso sobre lo indígena?. ¿Para eso los rituales?
Cuán lejos está este indigenismo colonizado de la rebelión de Tupac Katari y Tupac Amaru que abarcó el antiguo incario; cuán lejos está de Petion, líder de Haití, la primera república libre de América, y la primera república negra, que en la horrorosa pequeñez y aislamiento de esta isla tuvo la genialidad y la dignidad de aliarse con Bolívar, de convencerle de la liberación de los negros y proporcionarle armas y combatientes inaugurando la guerra por la libertad de todo el continente.
Las oligarquías nacionales son la llave del éxito del imperio
La colonización puso a todo el continente frente al colonizador y los EEUU no han cambiado esa situación; la han asumido como un continuo histórico con la guerra de civilizaciones. De lo que fueron las grandes sociedades de las Américas, la unidad de pueblos del incario, los aztecas, y otros, la colonia las partió en piezas manejables como capitanías, luego virreinatos (Nótese que nunca hubo un virreinato del Incario), y finalmente quedamos reducidos a países que representaron el truncamiento del objetivo de unidad de la liberación americana. Pero esto tampoco estaba a medida de las potencias. Ya antes de reemplazar a España, los EEUU establecieron que la independencia de los americanos debía postergarse hasta que le fuera útil a EEUU. Y más tarde ante el fracaso del Congreso de Panamá, se declararon aliviados de "… de un enemigo peligroso en el futuro...".(12) es decir, una América unida.
Los sucesores de España continuaron dividiendo y moviendo las fronteras. Inglaterra patrocinó la invasión al Paraguay junto a Brasil, Argentina y Uruguay, igual que EEUU pretende hacer ahora con Bolivia. Los EEUU conspiraron para "independizar" a Texas de México, preparando la "Revolución libertadora", organizando la desobediencia de los colonos a las leyes mexicanas. El Presidente de EEUU, Jackson utilizaba esa desobediencia para presionar a México a ceder soberanía, pero al mismo tiempo hacia declaraciones de respeto a las leyes internacionales, a los derechos de México, a la moral y la democracia(13). Igual, hicieron que Panamá se "independizara" de Colombia, pero detrás estaba su interés de apoderarse del canal. Después confesó Roosevelt en un discurso: "Yo tomé Panamá". Ahora pretenden dividirnos todavía más.
El CRE es el poder tras el trono de la política exterior de los EEUU. Entre sus miembros y financiadores están los más poderosos de ese país y muchos funcionarios del actual régimen. Los planes que hemos visto, son representativos del pensamiento de que la crisis de Bolivia es una buena oportunidad y un buen pretexto para asumir el comando de los ejércitos de la región, para poner fin a la resistencia a los acuerdos de libre comercio, y terminar con ese constante foco de rebelión que ha sido el pueblo boliviano, para que sirva de escarmiento a los indígenas y al resto del continente.
Al imperio le puede parecer un plan perfecto, como la prometida "guerra quirúrgica" contra Irak que sedujo al mismísimo Dalai Lama, pero para nosotros hay muchas preguntas. En caso de que Bolivia se desintegre: ¿Se producirá una guerra entre los nuevos estados? ¿Se limitarán los impactos sólo a lo que actualmente es Bolivia? ¿Cuales serán las consecuencias para la geopolítica de la región? ¿Se la podrá estabilizar, cuándo y a qué costo? ¿Como afectará a los países vecinos que se comprometan en el reparto de Bolivia y a las relaciones entre ellos? ¿Cómo engranará este conflicto con la actual situación internacional que desde ya es muy grave?.
Hay para todas estas preguntas, una respuesta posible: guerra, y nada que nos permita estar seguros de que no será así. Y una pregunta más: ¿Se podrá evitar una limpieza étnica?
El imperio no puede solo, no sin aliados regionales. Por eso busca a las oligarquías nacionales ofreciéndoles su participación en el saqueo y la opresión de la tierra y de sus pueblos. Esta es la esencia de la integración oligárquica de Latinoamérica. Esto quiere decir que la otra integración, la de los pueblos, no podrá lograrse haciendo la vista gorda ante las propias oligarquías nacionales, porque éstas son la llave del triunfo del imperio, porque pueden ejecutar una política propia, mas allá de los gobiernos nacionales; y no se puede hablar de unidad y solidaridad latinoamericana mientras se ignore esta realidad y no se haga nada por cambiarla.
Si Bolivia se hunde, no solo que nos escarmentarán a los latinos sino que su hundimiento podría arrastrar consigo algo más que los "procesos revolucionarios", podría arrastrar algo muy preciado y propio de Latinoamérica; la paz. ….y con Bolivia nos hundiremos todos.
La preocupación del CRE se debía a que el colapso del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre 2003, había tenido repercusiones sobre todo en Perú y Ecuador por su numerosa población indígena. Esto había constituido una seria advertencia para los EE.UU. y los gobernantes andinos de que el colapso de Bolivia podía presagiar una desintegración regional mayor y, peor aun, si a esta se sumaba un posible colapso de Colombia o Venezuela, las consecuencias serían inconmensurablemente más devastadoras para la estabilidad regional y la situación de los EE.UU. en Latinoamérica.
Ante semejante peligro, el estudio urgía a los EE.UU. a tomar la iniciativa de convencer a quienes calificaba de "significativos aliados de EEUU en Sudamérica", Chile, Argentina y Brasil de desarrollar estrategias comunes frente a Bolivia. La base de esta nueva alianza serían los grandes "intereses creados" (textual) de cada uno de estos países, en comercio y energía en Bolivia. Por su parte, los intereses de EEUU, según el estudio, no abarcan solo Bolivia sino toda la región andina, de donde obtiene cerca del 20% de su provisión de energía, respondiendo Venezuela por el 14% del petróleo que importan. Los asuntos a discutirse sobre Bolivia serían: flujos de refugiados, asistencia humanitaria, mediación de conflictos e interrupción de la provisión de energía.
Según la experiencia reciente, la asistencia humanitaria y la mediación de conflictos es una intervención militar "neutral" para consolidar el terreno ganado por los invasores. Algunos ejemplos recientes son Haití, ocupado, y Yugoslavia, desintegrada. Por esto también, Inglaterra, la pareja de los EEUU en las invasiones modernas, se ha manifestado valorando la participación de estos países y Perú en operaciones humanitarias(2). En cuanto a la "interrupción de la provisión de energía", esta implica lógicamente, una intervención para restaurarla.
Continuando, el documento sugiere que los países aliados establezcan relaciones y líneas de comunicación con el gobierno, -esto se llama relaciones internacionales-; pero también con partidos de oposición y lideres departamentales de Bolivia, -esto se llama intervención en política interna-, y peor aún, que formulen una política para fomentar un desarrollo social y económico equitativo en Bolivia, lo cual implica asumir la conducción de su economía.
En otro estudio más reciente sobre Bolivia (2007)(3), el CRE le dedica a Chile unos párrafos curiosos. Se dice que Chile considera que la solución de largo plazo a la inestabilidad de Bolivia es el desarrollo de las comunicaciones y la integración; y que Chile ha hecho contribuciones importantes a la estabilidad regional restableciendo totalmente las relaciones diplomáticas, lo que no es cierto(4); y que se ha mostrado dispuesto a negociar una solución para el acceso marítimo de Bolivia, lo que tampoco es cierto. Dado que este documento cuenta con una larga lista de ex-funcionarios e intelectuales del gonismo consultados, no estamos ante una simple falta de información. ¿Por qué se trata de maquillar la política exterior de Chile?. Es por la vieja demanda de Bolivia de una salida al mar que le fue arrebatado por Chile; demanda que ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional. Porque frente a esto, la participación de Chile en la intervención a Bolivia podría parecer la continuación de sus viejas ambiciones geopolíticas lo cual empañaría la fachada humanitaria que se le pretende dar. En cuanto al desarrollo de comunicación e integración, según la doctrina actual para "construir nación", (o sea, consolidar la ocupación) las obras de infraestructura tienen un lugar clave.
La estrategia del CRE incluye el viejo sueño de los EEUU para Latinoamérica, la constitución de fuerzas armadas transfronterizas, según el estudio: AmeriPol y AmeriJust para combatir el crimen transnacional . Los EEUU pretenden hacerse de un ejército supranacional sometiendo los militares latinoamericanos al comando de un yanqui(5).
El imperio ya re-colonizó el pensamiento de las élites
Según el CRE(6) los problemas de Bolivia son "… agudos conflictos étnicos y raciales sobre coca, región, agua, gas, y la distribución de otros servicios públicos". Que todos estos problemas son étnicos y raciales es falso y hasta risible. La cuestión del gas por ejemplo, es un conflicto de Bolivia con las transnacionales. ¿Qué tiene de esto de étnico o racial?.
Esta visión étnificadora o culturalizada de los problemas de Bolivia se aplica en realidad a todo el tercer mundo. Ha sido una característica histórica del pensamiento colonialista y actualmente constituye el pilar remozado del pensamiento imperial sobre el tercer mundo, bajo el nombre de "guerra de civilizaciones". Según B. Lewis, el creador del término(7), esta guerra está planteada por las reacciones "quizás irracionales pero seguramente históricas" de un rival antiguo a la expansión mundial de la herencia judeo-cristiana y su presente secular de occidente.
La etnificación y la culturalización es muy imp ortante para el imperio, porque no puede aceptar que es el origen de las desgracias de sus esclavos, por eso las atribuye a problemas étnicos, culturales internos, de estos. Con eso queda libre de culpa y aparece como si fuera superior y más humano; y en razón de esta humanidad se siente obligado a ayudar y para ello interviene; en razón de esta superioridad se siente justificado a masacrar a sus esclavos por sus "reacciones quizás irracionales". Es una vieja historia.
Esta concepción se ha aplicado, entre otros, al pueblo de Iraq, al cual el imperio lo ha visto como divido entre sunis y shiitas, y en consecuencia, se ha apoyado en los unos para enfrentar a los otros. Así que, si antes no estaban divididos se espera que el enfrentamiento lo haga, y cuando esto suceda, el imperio realizará su plan de partir a Irak en tres pedazos. El tercero será para una de las 5 partes en que los kurdos fueron anteriormente divididos por Inglaterra.
La etnificación o culturalización se adapta constantemente a los nuevos desafíos planteados por las reacciones "quizás irracionales" de los oprimidos. Dos de estos y que inquietan a EEUU por su potencial político, son el antiamericanismo latino y la división entre ricos y pobres que se ha agudizado en Latinoamérica,.
Un experto del Departamento de Estado ha llamado al antiamericanismo latino "cultura del resentimiento"(8). Esto implica que el resentimiento no tiene causas reales, es solamente cultural. El efecto esperado con este nuevo nombre es, como dijo Bush, hablando de las sociedades exitosas, que "…en vez de dirigir su odio y resentimiento contra otros, las sociedades exitosas apelan a las esperanzas de sus propios pueblos"(9). Respecto a la división entre ricos y pobres; esta ha crecido en Latinoamérica más que en ninguna otra parte gracias al neoliberalismo, pero el experto prefiere concebir a ricos y pobres como dos Estados funcionando en un mismo país (¿Será que no hay pobres en EEUU?). El efecto es que la existencia de dos estados en un mismo país es lo mismo que ningún estado, lo cual da la base moral para que el imperio entre a "formar Estado" (nation building), o sea protectorados.
Esta es la ciencia social del imperio, aunque más que ciencia parecen los complejos de un asesino ante el sicólogo. Pero es ante esta "ciencia" que los indigenistas bolivianos formados por dos décadas de neoliberalismo han caído redondos, llegando a peligrosas coincidencias. Esta es la primera gran victoria del imperio.
Estos sectores han quedado ciegos ante el hecho de que el imperialismo, utilizando las cuestiones étnicas ha destruido varios países en las últimas décadas, como Yugoslavia reducida a mini países (Uno de ellos, Montenegro con 677.177 habitantes) o que sin llegar a dividirlos han producido sangrientos enfrentamientos "étnicos" internos como el de Ruanda, con una población similar a la boliviana, con cientos de miles de muertos y casi 2 millones de refugiados. Estos métodos no eran un secreto, el mismo Strio. Gral. de las NNUU, Solana declaró en 1995 que la experiencia ganada en Bosnia serviría para futuras operaciones de la OTAN.
La fragmentación de los países en mini-estados más fáciles de dominar es a partir de la crisis del petróleo la estrategia declarada del mundo desarrollado(10) y en las dos últimas décadas es práctica cotidiana. El estado se ha vuelto el enemigo principal de los ciudadanos(11). Por eso el imperio y sus aliados han fomentado todo aquello, sea bueno o malo, que lo debilite. Los indigenistas bolivianos estaban identificados con esta doctrina hasta las patas y de aquí vino una primera coincidencia: ante la cuestión de las autonomías departamentales, no pudieron oponer otra cosa que: … más autonomías, 5 tipos en total, para la nueva Constitución.
Y aquí viene otra. En 1990, el sector que vendría a ser conocido como gonismo presentó un proyecto de Ley de Comunidades y Nacionalidades, que definía a las nacionalidades como entidades rurales. Ahora, la nueva constitución coincide con esto plenamente (naciones indígena-originario-campesinas). Dado que el campesinado en Bolivia ya es solo el 37.% (INE: 2001) y que por la Constitución no todos los campesinos podrán ser indígenas, Bolivia ha dejado de ser mayoritariamente indígena; y si nos ajustamos a la definición constitucional, el presidente también ha dejado de serlo. A esto se ha llamado descolonización.
Si esto es descolonización, entonces la colonia era el problema de solo algunas minorías, y cuando estas reciban su título de la tierrita que pisan, y en su carnet de identidad figure la etnia a la que pertenecen, deberán sentirse compensadas y con esto el problema de la colonización habrá concluido. ¿Para eso era tanto discurso sobre lo indígena?. ¿Para eso los rituales?
Cuán lejos está este indigenismo colonizado de la rebelión de Tupac Katari y Tupac Amaru que abarcó el antiguo incario; cuán lejos está de Petion, líder de Haití, la primera república libre de América, y la primera república negra, que en la horrorosa pequeñez y aislamiento de esta isla tuvo la genialidad y la dignidad de aliarse con Bolívar, de convencerle de la liberación de los negros y proporcionarle armas y combatientes inaugurando la guerra por la libertad de todo el continente.
Las oligarquías nacionales son la llave del éxito del imperio
La colonización puso a todo el continente frente al colonizador y los EEUU no han cambiado esa situación; la han asumido como un continuo histórico con la guerra de civilizaciones. De lo que fueron las grandes sociedades de las Américas, la unidad de pueblos del incario, los aztecas, y otros, la colonia las partió en piezas manejables como capitanías, luego virreinatos (Nótese que nunca hubo un virreinato del Incario), y finalmente quedamos reducidos a países que representaron el truncamiento del objetivo de unidad de la liberación americana. Pero esto tampoco estaba a medida de las potencias. Ya antes de reemplazar a España, los EEUU establecieron que la independencia de los americanos debía postergarse hasta que le fuera útil a EEUU. Y más tarde ante el fracaso del Congreso de Panamá, se declararon aliviados de "… de un enemigo peligroso en el futuro...".(12) es decir, una América unida.
Los sucesores de España continuaron dividiendo y moviendo las fronteras. Inglaterra patrocinó la invasión al Paraguay junto a Brasil, Argentina y Uruguay, igual que EEUU pretende hacer ahora con Bolivia. Los EEUU conspiraron para "independizar" a Texas de México, preparando la "Revolución libertadora", organizando la desobediencia de los colonos a las leyes mexicanas. El Presidente de EEUU, Jackson utilizaba esa desobediencia para presionar a México a ceder soberanía, pero al mismo tiempo hacia declaraciones de respeto a las leyes internacionales, a los derechos de México, a la moral y la democracia(13). Igual, hicieron que Panamá se "independizara" de Colombia, pero detrás estaba su interés de apoderarse del canal. Después confesó Roosevelt en un discurso: "Yo tomé Panamá". Ahora pretenden dividirnos todavía más.
El CRE es el poder tras el trono de la política exterior de los EEUU. Entre sus miembros y financiadores están los más poderosos de ese país y muchos funcionarios del actual régimen. Los planes que hemos visto, son representativos del pensamiento de que la crisis de Bolivia es una buena oportunidad y un buen pretexto para asumir el comando de los ejércitos de la región, para poner fin a la resistencia a los acuerdos de libre comercio, y terminar con ese constante foco de rebelión que ha sido el pueblo boliviano, para que sirva de escarmiento a los indígenas y al resto del continente.
Al imperio le puede parecer un plan perfecto, como la prometida "guerra quirúrgica" contra Irak que sedujo al mismísimo Dalai Lama, pero para nosotros hay muchas preguntas. En caso de que Bolivia se desintegre: ¿Se producirá una guerra entre los nuevos estados? ¿Se limitarán los impactos sólo a lo que actualmente es Bolivia? ¿Cuales serán las consecuencias para la geopolítica de la región? ¿Se la podrá estabilizar, cuándo y a qué costo? ¿Como afectará a los países vecinos que se comprometan en el reparto de Bolivia y a las relaciones entre ellos? ¿Cómo engranará este conflicto con la actual situación internacional que desde ya es muy grave?.
Hay para todas estas preguntas, una respuesta posible: guerra, y nada que nos permita estar seguros de que no será así. Y una pregunta más: ¿Se podrá evitar una limpieza étnica?
El imperio no puede solo, no sin aliados regionales. Por eso busca a las oligarquías nacionales ofreciéndoles su participación en el saqueo y la opresión de la tierra y de sus pueblos. Esta es la esencia de la integración oligárquica de Latinoamérica. Esto quiere decir que la otra integración, la de los pueblos, no podrá lograrse haciendo la vista gorda ante las propias oligarquías nacionales, porque éstas son la llave del triunfo del imperio, porque pueden ejecutar una política propia, mas allá de los gobiernos nacionales; y no se puede hablar de unidad y solidaridad latinoamericana mientras se ignore esta realidad y no se haga nada por cambiarla.
Si Bolivia se hunde, no solo que nos escarmentarán a los latinos sino que su hundimiento podría arrastrar consigo algo más que los "procesos revolucionarios", podría arrastrar algo muy preciado y propio de Latinoamérica; la paz. ….y con Bolivia nos hundiremos todos.
viernes, 1 de febrero de 2008
La obsesión cubana de Reporteros sin Fronteras
Reporteros sin Fronteras (RSF) sigue obsesionada con Cuba. Mientras que, según sus propios datos, 86 periodistas y 20 colaboradores de los medios de comunicación fueron asesinados en el mundo en 2007, 67 profesionales de la prensa fueron secuestrados, y ningún cubano se encuentra en estas listas, la organización parisina se centra en la mayor isla del Caribe (1). El secretario general de la entidad que pretende defender «la libertad de prensa», Robert Menard, aprovechó las elecciones legislativas cubanas para recordar «la dramática suerte de los periodistas encarcelados» (2).
Durante una conferencia de prensa en Madrid el 16 de enero de 2008, RSF reiteró «su petición de que [pusieran] en libertad a los veinticuatro periodistas cubanos encarcelados [...] con el absurdo pretexto de que [eran] ‘mercenarios a sueldo de Estados Unidos’». La organización se refiere a las personas condenadas por la justicia cubana a penas que van de seis a veintiocho años de cárcel por asociación con una potencia extranjera y por mercenarios (3).
RSF califica las acusaciones de las autoridades de «absurdas» y pretende hacer creer a la opinión pública que los «veinticuatro periodistas cubanos encarcelados» sólo deben su situación al carácter heterodoxo de su pensamiento y en ningún caso al hecho de que violaron la ley al aceptar la financiación de Estados Unidos. Es lo que afirma la justicia cubana. Los escépticos podrían poner en tela de juicio la imparcialidad del sistema judicial cubano. Sea. Sin embargo existe una fuente que corrobora esta realidad y que se encuentra fuera de toda sospecha. En efecto, los documentos oficiales del gobierno de Washington confirman que Estados Unidos recluta, entrena y financia a individuos en Cuba para promover su política exterior contra el régimen revolucionario.
Primero, desde el triunfo de la Revolución en 1959, Estados Unidos ha elaborado una política destinada a la fabricación de una oposición en Cuba. Por ejemplo, durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional celebrada el 14 de enero de 1960, el subsecretario Livingston Merchant declaró: «Nuestro objetivo es ajustar todas nuestras acciones con vistas a acelerar el desarrollo de una oposición en Cuba [...]». Por su parte el secretario adjunto para los Asuntos Interamericanos, Roy Rubottom, afirmó que «el programa aprobado [destinado a derrocar al gobierno cubano] nos ha autorizado a brindar nuestra ayuda a elementos que se oponen al gobierno de Castro en Cuba para que parezca que su caída sea el resultado de sus propios errores» (4).
De la misma manera, el 19 de junio de 1963, Kennedy aprobó el «plan integral de acción encubierta» que pretendía «mantener todas las presiones posibles sobre Cuba y crear y explotar en Cuba situaciones calculadas para estimular a elementos disidentes del régimen [...] con el fin de perpetrar un golpe de Estado» (5).
Esta política sigue vigente en la actualidad con una diferencia: lo que constituía una política clandestina y secreta en los años sesenta se ha transformado en una política pública a partir de 1992.
Votada en 1992 por el Congreso estadounidense, la ley Torricelli dispone también de una parte intervencionista y subversiva. Por ejemplo, la sección 1705 estipula que «Estados Unidos proporcionará asistencia a las organizaciones no gubernamentales adecuadas para apoyar a individuos y organizaciones que promueven un cambio democrático no violento en Cuba» (6).
Adoptada por la administración Clinton en 1996, la ley Helms-Burton también prevé agrupar, reforzar y financiar a una oposición interna en Cuba. La sección 109 es muy clara: «El presidente [de Estados Unidos] está autorizado para proporcionar asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a individuos y organizaciones no gubernamentales independientes para agrupar los esfuerzos con vistas a construir una democracia en Cuba» (7).
El 6 de mayo de 2004 el presidente Bush publicó un impresionante informe de 454 páginas titulado Commission for Assistance to a Free Cuba (Comisión de Asistencia a una Cuba Libre). Este informe prevé la elaboración de un «sólido programa de apoyo que favorezca a la sociedad civil cubana». Entre las medidas preconizadas, una financiación por importe de 36 millones de dólares se destina al «apoyo de la oposición democrática y al fortalecimiento de la sociedad civil emergente» (8).
El 3 de marzo de 2005 Roger Noriega, entonces secretario asistente para los Asuntos del Hemisferio Occidental de la administración Bush, señaló que se habían añadido 14,4 millones de dólares al presupuesto de 36 millones de dólares previsto en el informe de 2004. Noriega, incluso, fue tan sincero que llegó revelar la identidad de algunas de las personas que se encargan de la elaboración de la política exterior estadounidense contra Cuba. Citó los nombres de Martha Beatriz Roque, las Damas en Blanco y Oswaldo Payá (9).
El 10 de julio de 2006 el presidente Bush aprobó el nuevo informe de 93 páginas. El objetivo proclamado está claro: romper el orden constitucional vigente en Cuba. La primera medida adoptada prevé una mayor financiación a los grupos de «disidentes». Washington estudia acelerar el reclutamiento de individuos cuyo papel será participar en el derrocamiento del gobierno actual. A los 36 millones de dólares previstos en el primer informe de 2004 y a los 14,4 millones de dólares adicionales de marzo de 2005, se añade una nueva suma de 31 millones. El plan de Bush incluso cita a las personas encargadas de liderar las fuerzas subversivas: Martha Beatriz Roque, Oswaldo Payá, Guillermo Fariñas y las Damas de Blanco, entre otras (10).
La administración Bush también dedica 24 millones de dólares adicionales a Radio y TV Martí, dos medios propagandísticos estadounidenses destinados a promover un «cambio de régimen», para que amplíen las transmisiones de programas subversivos hacia Cuba, infringiendo la legislación internacional que prohíbe la violación del espacio hertziano nacional. Los miembros de la «disidencia» cubana recibirán una parte de esta suma para adquirir y distribuir equipos de radio y televisión que permitan captar los programas que se emiten desde Estados Unidos. Otros países están invitados a transmitir programas subversivos hacia Cuba. El plan prevé también «entrenar y equipar a periodistas independientes de la prensa escrita, radiofónica y televisiva en Cuba» (11).
Así, los propios documentos oficiales estadounidenses confirman la existencia de una política de subversión y contradicen de manera indiscutible las afirmaciones de RSF. Por otra parte, la organización parisina no vacila en convertir a delincuentes en periodistas con tal que éstos –que jamás habían desempeñado una actividad periodística antes de integrar el jugoso comercio de la disidencia, con dos excepciones– escriban algunas líneas hirientes contra el gobierno de La Habana.
Pero RSF, cuya agenda es claramente política, multiplica las mentiras. En su comunicado declara que «la población se dispone a designar, a falta de poder elegir, a sus representantes en la Asamblea Nacional y en las asambleas provinciales» y añade que «no cabe hacerse ilusiones con relación a las elecciones [...]. El pluralismo político no figura en el orden del día y los cubanos solo pueden ‘elegir’ a los 614 representantes, ya designados, del Partido Comunista Cubano, el único autorizado» (12).
El problema es que la legislación cubana prohíbe categóricamente al Partido Comunista designar candidatos. «Ningún partido tiene derecho a postular candidatos. La postulación de los candidatos se efectúa directamente por los propios electores en asambleas públicas. El Partido Comunista no es una organización electoral y, por lo tanto, ni se presenta a las elecciones ni puede postular candidatos» (13). Además, más de la mitad de los parlamentarios que fueron elegidos no son miembros del Partido Comunista (14). ¿Con qué objetivo oculta RSF esta realidad si no es para engañar a la opinión pública y proseguir su campaña de satanización de Cuba?
La organización de Robert Ménard evoca también «El estado de salud de [...] los representantes de la prensa disidente encarcelados en Cuba», entre los cuales algunos estarían «gravemente enfermos». RSF afirma que «en la celda no les facilitan ni comida ni cuidados adecuados» (15). La entidad de «defensa de la libertad de prensa» no teme parecer ridícula. En efecto, ¿cómo puede sobrevivir en prisión un detenido privado de alimentación adecuada y atención médica? ¿Acaso puede RSF citar el nombre de un solo individuo que falleció en prisión en Cuba por falta de atención médica o alimentación?
¿Por qué razones sufre RSF esta singular obsesión por Cuba? ¿Realmente es a causa de la situación de la prensa? Por lo que se ve no, pues llegado el caso sus prioridades serían Iraq donde 47 periodistas fueron asesinados en 2007, Somalia donde 8 periodistas perdieron la vida, Pakistán donde 6 periodistas perecieron, Sri Lanka donde 3 periodistas fueron ejecutados, Afganistán, Eritrea, Filipinas, Nepal o México donde también varios periodistas fueron asesinados, pero de ningún modo Cuba (16).
La respuesta es la financiación de RSF. En efecto, la organización está subvencionada por la organización de extrema derecha Center for a Free Cuba (17), cuyo director Frank Calzón es el antiguo dirigente de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), una organización terrorista responsable de numerosos atentados contra Cuba (18). RSF también está financiada por la oficina pantalla de la CIA que es la National Endowment for Democracy, cuyo objetivo es promover la agenda política de la Casa Blanca (19).
El escritor y periodista francés Maxime Vivas acaba de publicar un libro revelador sobre «La cara oscura de Reporteros sin Fronteras» en el que denuncia «los tratos dudosos, los financiamientos vergonzosos, las hosquedades selectivas [...], las mentiras reiteradas de Reporteros sin Fronteras, todo al servicio de una causa sin vínculo alguno con los objetivos que proclama». Este libro, especialmente riguroso, saca a la luz del día el doble juego de Robert Menard y revela el auténtico rostro de la organización parisina al servicio de los poderosos del mundo
Durante una conferencia de prensa en Madrid el 16 de enero de 2008, RSF reiteró «su petición de que [pusieran] en libertad a los veinticuatro periodistas cubanos encarcelados [...] con el absurdo pretexto de que [eran] ‘mercenarios a sueldo de Estados Unidos’». La organización se refiere a las personas condenadas por la justicia cubana a penas que van de seis a veintiocho años de cárcel por asociación con una potencia extranjera y por mercenarios (3).
RSF califica las acusaciones de las autoridades de «absurdas» y pretende hacer creer a la opinión pública que los «veinticuatro periodistas cubanos encarcelados» sólo deben su situación al carácter heterodoxo de su pensamiento y en ningún caso al hecho de que violaron la ley al aceptar la financiación de Estados Unidos. Es lo que afirma la justicia cubana. Los escépticos podrían poner en tela de juicio la imparcialidad del sistema judicial cubano. Sea. Sin embargo existe una fuente que corrobora esta realidad y que se encuentra fuera de toda sospecha. En efecto, los documentos oficiales del gobierno de Washington confirman que Estados Unidos recluta, entrena y financia a individuos en Cuba para promover su política exterior contra el régimen revolucionario.
Primero, desde el triunfo de la Revolución en 1959, Estados Unidos ha elaborado una política destinada a la fabricación de una oposición en Cuba. Por ejemplo, durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional celebrada el 14 de enero de 1960, el subsecretario Livingston Merchant declaró: «Nuestro objetivo es ajustar todas nuestras acciones con vistas a acelerar el desarrollo de una oposición en Cuba [...]». Por su parte el secretario adjunto para los Asuntos Interamericanos, Roy Rubottom, afirmó que «el programa aprobado [destinado a derrocar al gobierno cubano] nos ha autorizado a brindar nuestra ayuda a elementos que se oponen al gobierno de Castro en Cuba para que parezca que su caída sea el resultado de sus propios errores» (4).
De la misma manera, el 19 de junio de 1963, Kennedy aprobó el «plan integral de acción encubierta» que pretendía «mantener todas las presiones posibles sobre Cuba y crear y explotar en Cuba situaciones calculadas para estimular a elementos disidentes del régimen [...] con el fin de perpetrar un golpe de Estado» (5).
Esta política sigue vigente en la actualidad con una diferencia: lo que constituía una política clandestina y secreta en los años sesenta se ha transformado en una política pública a partir de 1992.
Votada en 1992 por el Congreso estadounidense, la ley Torricelli dispone también de una parte intervencionista y subversiva. Por ejemplo, la sección 1705 estipula que «Estados Unidos proporcionará asistencia a las organizaciones no gubernamentales adecuadas para apoyar a individuos y organizaciones que promueven un cambio democrático no violento en Cuba» (6).
Adoptada por la administración Clinton en 1996, la ley Helms-Burton también prevé agrupar, reforzar y financiar a una oposición interna en Cuba. La sección 109 es muy clara: «El presidente [de Estados Unidos] está autorizado para proporcionar asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a individuos y organizaciones no gubernamentales independientes para agrupar los esfuerzos con vistas a construir una democracia en Cuba» (7).
El 6 de mayo de 2004 el presidente Bush publicó un impresionante informe de 454 páginas titulado Commission for Assistance to a Free Cuba (Comisión de Asistencia a una Cuba Libre). Este informe prevé la elaboración de un «sólido programa de apoyo que favorezca a la sociedad civil cubana». Entre las medidas preconizadas, una financiación por importe de 36 millones de dólares se destina al «apoyo de la oposición democrática y al fortalecimiento de la sociedad civil emergente» (8).
El 3 de marzo de 2005 Roger Noriega, entonces secretario asistente para los Asuntos del Hemisferio Occidental de la administración Bush, señaló que se habían añadido 14,4 millones de dólares al presupuesto de 36 millones de dólares previsto en el informe de 2004. Noriega, incluso, fue tan sincero que llegó revelar la identidad de algunas de las personas que se encargan de la elaboración de la política exterior estadounidense contra Cuba. Citó los nombres de Martha Beatriz Roque, las Damas en Blanco y Oswaldo Payá (9).
El 10 de julio de 2006 el presidente Bush aprobó el nuevo informe de 93 páginas. El objetivo proclamado está claro: romper el orden constitucional vigente en Cuba. La primera medida adoptada prevé una mayor financiación a los grupos de «disidentes». Washington estudia acelerar el reclutamiento de individuos cuyo papel será participar en el derrocamiento del gobierno actual. A los 36 millones de dólares previstos en el primer informe de 2004 y a los 14,4 millones de dólares adicionales de marzo de 2005, se añade una nueva suma de 31 millones. El plan de Bush incluso cita a las personas encargadas de liderar las fuerzas subversivas: Martha Beatriz Roque, Oswaldo Payá, Guillermo Fariñas y las Damas de Blanco, entre otras (10).
La administración Bush también dedica 24 millones de dólares adicionales a Radio y TV Martí, dos medios propagandísticos estadounidenses destinados a promover un «cambio de régimen», para que amplíen las transmisiones de programas subversivos hacia Cuba, infringiendo la legislación internacional que prohíbe la violación del espacio hertziano nacional. Los miembros de la «disidencia» cubana recibirán una parte de esta suma para adquirir y distribuir equipos de radio y televisión que permitan captar los programas que se emiten desde Estados Unidos. Otros países están invitados a transmitir programas subversivos hacia Cuba. El plan prevé también «entrenar y equipar a periodistas independientes de la prensa escrita, radiofónica y televisiva en Cuba» (11).
Así, los propios documentos oficiales estadounidenses confirman la existencia de una política de subversión y contradicen de manera indiscutible las afirmaciones de RSF. Por otra parte, la organización parisina no vacila en convertir a delincuentes en periodistas con tal que éstos –que jamás habían desempeñado una actividad periodística antes de integrar el jugoso comercio de la disidencia, con dos excepciones– escriban algunas líneas hirientes contra el gobierno de La Habana.
Pero RSF, cuya agenda es claramente política, multiplica las mentiras. En su comunicado declara que «la población se dispone a designar, a falta de poder elegir, a sus representantes en la Asamblea Nacional y en las asambleas provinciales» y añade que «no cabe hacerse ilusiones con relación a las elecciones [...]. El pluralismo político no figura en el orden del día y los cubanos solo pueden ‘elegir’ a los 614 representantes, ya designados, del Partido Comunista Cubano, el único autorizado» (12).
El problema es que la legislación cubana prohíbe categóricamente al Partido Comunista designar candidatos. «Ningún partido tiene derecho a postular candidatos. La postulación de los candidatos se efectúa directamente por los propios electores en asambleas públicas. El Partido Comunista no es una organización electoral y, por lo tanto, ni se presenta a las elecciones ni puede postular candidatos» (13). Además, más de la mitad de los parlamentarios que fueron elegidos no son miembros del Partido Comunista (14). ¿Con qué objetivo oculta RSF esta realidad si no es para engañar a la opinión pública y proseguir su campaña de satanización de Cuba?
La organización de Robert Ménard evoca también «El estado de salud de [...] los representantes de la prensa disidente encarcelados en Cuba», entre los cuales algunos estarían «gravemente enfermos». RSF afirma que «en la celda no les facilitan ni comida ni cuidados adecuados» (15). La entidad de «defensa de la libertad de prensa» no teme parecer ridícula. En efecto, ¿cómo puede sobrevivir en prisión un detenido privado de alimentación adecuada y atención médica? ¿Acaso puede RSF citar el nombre de un solo individuo que falleció en prisión en Cuba por falta de atención médica o alimentación?
¿Por qué razones sufre RSF esta singular obsesión por Cuba? ¿Realmente es a causa de la situación de la prensa? Por lo que se ve no, pues llegado el caso sus prioridades serían Iraq donde 47 periodistas fueron asesinados en 2007, Somalia donde 8 periodistas perdieron la vida, Pakistán donde 6 periodistas perecieron, Sri Lanka donde 3 periodistas fueron ejecutados, Afganistán, Eritrea, Filipinas, Nepal o México donde también varios periodistas fueron asesinados, pero de ningún modo Cuba (16).
La respuesta es la financiación de RSF. En efecto, la organización está subvencionada por la organización de extrema derecha Center for a Free Cuba (17), cuyo director Frank Calzón es el antiguo dirigente de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), una organización terrorista responsable de numerosos atentados contra Cuba (18). RSF también está financiada por la oficina pantalla de la CIA que es la National Endowment for Democracy, cuyo objetivo es promover la agenda política de la Casa Blanca (19).
El escritor y periodista francés Maxime Vivas acaba de publicar un libro revelador sobre «La cara oscura de Reporteros sin Fronteras» en el que denuncia «los tratos dudosos, los financiamientos vergonzosos, las hosquedades selectivas [...], las mentiras reiteradas de Reporteros sin Fronteras, todo al servicio de una causa sin vínculo alguno con los objetivos que proclama». Este libro, especialmente riguroso, saca a la luz del día el doble juego de Robert Menard y revela el auténtico rostro de la organización parisina al servicio de los poderosos del mundo
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